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Concepto de Derechos humanos


El concepto derechos humanos es utilizado para designar el conjunto de libertades, facultades y garantías universales inherentes al ser humano por su simple condición de persona. Se utiliza el término “universales” porque se aplican a todos hombres y mujeres por igual y a su vez, se distingue que no hay una jerarquía dentro de los Derechos Humanos. Es una rama importante del Derecho Público, cuyo mayor alcance es a nivel internacional.

Para profundizar más en la noción de Derechos humanos hay que saber que en el Derecho en general existen dos corrientes ideológicas, las cuales también se expiden acerca de este tema en particular. Esas dos escuelas filosóficas son Ius-Naturalistas, los portavoces del derecho natural, que consideran que todo lo emanado de la moral, de Dios y de sus mandamientos es derecho valido, aplicable y sancionable aunque no esté propiamente reglamentado .Por el otro lado están los Ius-Positivistas que son los que fundan el derecho positivo en decir que aquel que fue creado por personas autorizadas al efecto (legisladores) y es escrito, siendo este el único derecho susceptible de sanción y en consecuencia valido y eficaz; así es que los positivistas ven al derecho natural más bien como “consejos” o “sugerencias” que como derecho aplicable.

En el campo de los derechos humanos lo que sucede generalmente es que un principio moral o necesidad ética desencadena lo que se llama proceso de creación del la norma, concluyendo con la formación de una nueva ley. Por lo tanto, en el campo de los derechos humanos, no se limita a una sola postura, sino que se necesitan ambas para entender la esfera completa de este tema. A nivel nacional las reglamentaciones de los derechos humanos están comprendidos en su mayoría dentro de la máxima institución de derecho de la República Argentina, la Constitución, en sus artículos 43 (regulación de amparos) y 75 inciso 22 (tratados internacionales que adecuan el derecho interno argentino).

Por lo tanto se aprecia que si bien la Argentina tiene un rol activo en la protección de estos derechos, la mayor “acción” de los derechos humanos se encuentra en la órbita del derecho internacional. La clave en la aplicación de este derecho es detectar si hay o no responsabilidad internacional del Estado frente a una violación de los derechos humanos.

Responsabilidad internacional del Estado

Para que haya responsabilidad internacional de un Estado tienen que cumplirse dos puntos; en primer lugar la violación de una norma del Derecho Internacional, y en segunda instancia, que esa violación se atribuible al Estado. La responsabilidad internacional del Estado es importante, porque es lo primero que revisa la Comisión Interamericana cuando recibe una denuncia por una violación de la Convención Americana.

Pero, ¿Qué es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? La CIDH es el primer ente al cual se acude en caso de querer presentar una denuncia. Está compuesto por 7 comisionados cuyo objetivo es reaccionar rápido ante las denuncias, constatar que efectivamente haya responsabilidad internacional del Estado y en ese caso intentar llegar a una solución amistosa. Caso contrario la CIDH elaborara un informe preliminar de acuerdo con el art. 50 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). Este informe expone lo hechos redactados en la demanda y le trasmite  al Estado demandado las recomendaciones a seguir para solucionar esa violación. Este informe no tiene carácter de obligatorio a nivel jurídico, tal y como explica el Mag. Sebastián Rey en su escrito “El litigio en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos”, los Estados que suscriben un tratado internacional tienen la obligación de realizar sus mejores esfuerzos para aplicar las recomendaciones emitidas por una autoridad de protección como la Comisión (principio de buena fe, Tratado de Viena articulo 31.1).

A partir de ese momento el Estado tiene 90 días para contestar, pedir prorrogar o alegar el no agotamiento de los recursos internos (estos últimos dos son excluyentes, ya que si se solicita prorroga se pierde la posibilidad de alegar). Ninguna de las dos partes, sea Comisión o Estado, están posibilitadas para publicar este informe preliminar (conforme a lo expresado por la Corte en la OC 13/93 párrafos 48/49). De aquí en mas hay dos opciones: en el caso de que el Estado haya ratificado la convención y reconozca la competencia de la Corte IDH; el caso puede ser llevado a la Corte tanto por la comisión como por el Estado demandado y proceder la acción bajo la jurisdicción del Tribunal Interamericano. De no haber suscripto la Convención, no aceptar la competencia de la Corte o si la Comisión considera que es lo mejor para la tutela de los Derechos Humanos, se le envía al Estado un nuevo informe pero este con carácter de definitivo. Esta notificación está regulada por el articulo 51 de la Convención y su contenido, sean hechos, conclusiones o recomendaciones, pueden o no coincidir con lo consignado en el informe preliminar. Este informe es transmitido a las partes con el fin de que, al cabo del plazo fijado por la Comisión, presenten un informe sobre el cumplimiento de las recomendaciones. Si, una vez vencido el plazo estipulado, el Estado no cumplió con las recomendaciones efectuadas, la Comisión tiene la facultad de publicar este segundo informe (decisión votada y aprobada por la mayoría de los miembros).


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