Concepto de derecho constitucional

La formación de un Estado exige la sujeción al imperio de ciertas leyes, que pueden ser estipuladas de muchos modos: según el modo de gobierno, cada país tendrá su modo de establecer, hacer cumplir y sancionar a quien no cumpla las leyes.

Tanto las Repúblicas establecidas, como las monarquías constitucionales, tienen una Ley fundamental conocida como Constitución, que aparece como la Carta Magna a la cual deben someterse hasta incluso los poderes que se derivan del Estado. Se trata, entonces, de las leyes troncales y fundamentales de la existencia del Estado, sin las cuales no podría funcionar en las condiciones que se lo conoce.

La rama del derecho que se ocupa del análisis y del estudio permanente para asegurar el cumplimiento de estas normas se denomina bajo el concepto de derecho constitucional.

Esta doctrina que se ocupa de las funciones fundamentales del Estado no ha existido siempre: por el contrario, las ideas iluministas liberales de la transición entre los siglos XVII y XVIII fueron las que hicieron necesario que, desde el debate político, pero fundamentalmente desde el sentido común de la sociedad, una parte del derecho se encargue de, al menos, establecer los límites del Estado sobre las personas. Podemos ver tres fuentes principales en este sentido: la Declaración de Derechos de Inglaterra en 1689, la Declaración de Independencia en los Estados Unidos en 1776, y la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, en la Francia revolucionaria de 1789.

Muchos estudiosos piensan que la rama del derecho que se aboca a considerar la estructura del Estado es la más importante, ya que comprende a los individuos en su relación con aquel, comprendidos desde una visión más colectiva y social, y no meramente como sujeto civil o penal. Por ello es que el derecho constitucional utiliza otra clase de fuentes para expedirse: la Constitución como esencia máxima, pero la legislación en segunda medida, y la jurisprudencia en tercer lugar. A diferencia de otros casos, el derecho constitucional no contempla la costumbre como fuente de derecho (puesto que no tendría lógica que un uso acostumbrado por parte del Estado sobre el ciudadano sea convalidado por su recurrencia).

Pero entonces, ¿cuáles son las competencias directas de esta clase de derecho? Según el país y las normas vigentes, serán distintas. Veamos las que aparecen en el caso de la mayoría de las repúblicas:

  • Intervenir por la soberanía nacional, entendiendo que esta alude al conjunto de garantías que le corresponden a la patria, representada circunstancialmente a través del Estado. Es el derecho que se arroga la responsabilidad de responder como el conjunto de los ciudadanos, en el caso de que el espacio físico, los derechos civiles o la integridad de los ciudadanos esté en peligro.
  • Asegurarles a los habitantes, sobre la base de la existencia de derechos inalienables a todos los ciudadanos del mundo, una serie de garantías correspondientes por el hecho de ser personas.
  • Garantizar el cumplimiento por parte de quien esté en ejercicio del Estado, de las obligaciones del Estado de Derecho, caracterizadas por respetar los derechos individuales pero también los sociales de los ciudadanos. Deberá controlar la constitucionalidad de los actos realizados por cualquier poder del Estado.
  • Para controlar efectivamente las decisiones que se tomen conjuntamente, deberá abogar por la división del poder emanada por el Estado. La división tradicional se da entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El derecho constitucional pertenece a esta tercera rama, por lo que deberán delimitarse estrictamente las competencias y los modos de actuar, para que no se caiga en un abuso de poder.
  • Garantizar el acto democrático por excelencia: el voto. Las naciones que adoptan el sistema democrático de organización, entienden que el pueblo es el que elige a sus representantes, que decretan y ejecutan las leyes a través de ellos. El caso del poder judicial conlleva una discusión más profunda, que incluye la cuestión de la representatividad y la neutralidad. En cualquier caso, será el derecho constitucional el encargado de definir estos criterios de elección, y de asegurar la transparencia de este tipo de actos.

Derechos Reservados

© Se permite la total o parcial reproducción del contenido, siempre y cuando se reconozca y se enlace a este artículo como la fuente de información utilizada.


Artículos Relacionados: